Kim Kataguiri: La medida introduce racionalidad preventiva al sistema al permitir que el Poder Judicial establezca zonas de alejamiento destinadas a impedir la aproximación del condenado a víctimas, familiares y ambientes predominantemente frecuentados por niños y adolescentes.
Kim Kataguiri: La delimitación objetiva de los espacios protegidos también representa un avance relevante desde la perspectiva de la seguridad jurídica y de la operatividad administrativa.
Al enumerar establecimientos educativos, parques infantiles, plazas y otros lugares reconocidamente frecuentados por menores, el texto reduce las subjetividades en la ejecución de la medida y facilita su fiscalización práctica por los órganos responsables.
Kim Kataguiri: Además, al permitir que el juez adapte el perímetro cuando exista un conflicto concreto con obligaciones de residencia, trabajo, estudio o tratamiento de salud, la propuesta preserva la proporcionalidad de la restricción y evita situaciones incompatibles con la reintegración social mínimamente viable del condenado.
Kim Kataguiri: Otro punto de especial relevancia reside en la ampliación de las restricciones funcionales y profesionales aplicables a los condenados.