Fraudes electrónicos

El otro punto, un proyecto del que también fui relator, se refería a fraudes electrónicos.

Estamos aumentando la pena para fraudes electrónicos: de los 4 a 8 años de reclusión que hoy están previstos, la pasamos a 6 a 10.

Cuando aumentamos la pena mínima —la pena mínima deja de ser de 4— también excluimos, presidente, una serie de beneficios procesales que hoy pueden concederse según la pena actual y que dejarán de poder concederse.

También establecemos que en los casos de fraude electrónico existe un nuevo inciso en el artículo 313 del CPP, que trata las hipótesis de prisión preventiva, y determinamos que si hay un perjuicio superior a 100 salarios mínimos, eso se convierte en una nueva hipótesis de prisión preventiva.

de más de 100 salarios mínimos, que es una cantidad muy significativa de dinero, por medio de esa fraude electrónica, el juez ahora tiene el poder de decretar su prisión preventiva, además de las situaciones que ya existen hoy —amenaza al orden público, a la aplicación de la ley penal, que usted coaccione a un testigo, por ejemplo— añadimos una nueva hipótesis de prisión preventiva.